El Poder Judicial dispuso que será de carácter obligatorio la presencia de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género en caso de que el Ministerio Público acceda a realizar acuerdos con agresores para la suspensión condicional de procedimiento penal.
Mediante la Guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales, la institución dispuso que “la presencia de la víctima constituye una condición indispensable y necesaria para evaluar la posibilidad de un acuerdo, por lo que el juez deberá requerir su comparecencia”.
Explica que además de las condiciones formales establecidas en el Código Procesal Penal, el juez debe constatar que la voluntad de la víctima no se encuentre viciada, para lo cual deberá requerir la evaluación de su estado psicológico.
Por igual, El Poder Judicial dispuso que las órdenes de alejamiento o protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de género podrán ser utilizadas como órdenes de arresto en caso de que los agresores no la respeten.
La Guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales, la institución dispuso que “en caso de violación a la orden de protección, se ejecutará el arresto con la sola presentación de la orden de protección”.
En el instructivo en donde se le ordena a los magistrados indicar que la prohibición de contacto con la víctima no se limitará únicamente al acercamiento corporal sino también que incluya redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc.) chat privados, videollamadas o cualquier otro sistema de comunicación o a través de terceras personas, la orden de protección deberá contener indicación precisa de que en caso de incumplimiento, la víctima puede solicitar a cualquier autoridad policial la ejecución del arresto.
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